Argentina culpa al juez que liberó al asesino de Micaela, la activista de ‘Ni Una Menos’

0
110

En julio de 2010, el argentino Sebastián Wagner atacó y violó a una estudiante que regresaba a su casa en una ciudad de la provincia de Entre Ríos, al norte de Buenos Aires. Cuatro meses después, atacó a otra joven, la subió a la fuerza en un automóvil, la llevó a un descampado y también la violó. En 2012, la Justicia condenó a Wagner en un juicio abreviado a nueve años de cárcel por las dos violaciones. Fue acusado también de una tercera violación, pero Wagner señaló a su hermano gemelo y fue absuelto por el beneficio de la duda. En julio de 2016, el juez Carlos Alfredo Rossi decidió concederle la libertad provisional aunque el Servicio Penitenciario Federal y la Fiscalía lo desaconsejaban.

Nueve meses después, Sebastián Wagner vuelve a estar detenido. Es el principal sospechoso del asesinato de Micaela García, una joven de 21 años que fue hallada sin vida el sábado pasado en una zona arbolada a las afueras de Gualeguay (unos 230 kilómetros al norte de Buenos Aires) tras siete días de búsqueda. Su cuerpo estaba desnudo y presentaba un avanzado estado de descomposición, según la Policía entrerriana. La creencia de que su muerte podría haberse evitado provocó una oleada de indignación por todo el país, con marchas espontáneas en varias ciudades este fin de semana, miles de mensajes en las redes sociales y la petición de destitución del juez, a la que se ha sumado incluso el Gobierno.

“Este tipo de jueces no los podemos tener”, dijo el presidente argentino, Mauricio Macri, el domingo en diálogo con radio Mitre. Macri señaló que un juez debe entender que el poder del que goza es para ayudar a la comunidad y “no para sostener caprichos ideológicos”. Horas antes, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había criticado también con dureza a los magistrados: “Es necesario asumir la responsabilidad que le cabe a los jueces, que al menos hagan cumplir las penas impuestas”, señaló el ministro. “Basta de fallos machistas y patriarcales”, agregó por su lado la diputada kirchnerista Mayra Mendoza. Legisladores de Entre Ríos quieren someter a Rossi a un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Argentina cuenta con varios precedentes, pero ninguno de ellos motivó cambios en el sistema judicial. Uno de los más conocidos fue el femicidio de Soledad Bargna, de 19 años, en 2009. Fue asesinada por Marcelo Pablo Díaz durante una salida transitoria mientras cumplía una condena de 12 años de prisión por una violación seguida de homicidio. El juez que ordenó su libertad condicional desató una fuerte polémica al admitir que “sólo leía algunas de las cientos de causan que arriban a diario a su despacho”. En julio de 2013 se sancionó una ley que establecía un registro con información y material genético de personas condenadas por delitos sexuales, pero la ley nunca ha sido reglamentada.

A la espera de la autopsia

Micaela García Micaela tenía 21 años, era gimnasta, estudiaba educación física y militaba en el Movimiento Evita, una agrupación juvenil kirchnerista. El viernes 31 de marzo salió a bailar con un grupo de amigos y envió un último mensaje en la madrugada del sábado a su novio para decirle que volvía a casa. Nunca llegó. La Policía sospecha que Wagner la secuestró en su vehículo y la estranguló. La autopsia que le será realizada hoy confirmará su muerte.

Una manifestante pide justicia para Micaela.
Una manifestante pide justicia para Micaela. EFE

La joven formaba parte también del colectivo Ni Una Menos, creado en 2015 para exigir el fin de los feminicidios en Argentina. En los últimos cinco años, una mujer ha sido asesinada en este país por el hecho de ser mujer cada 30 horas en promedio. La gran movilización social no ha detenido esta lacra y, por el contrario, el número de víctimas se ha incrementado en los primeros meses de este 2017. En lo que va de año se ha registrado un feminicidio cada 18 horas, según Ni Una Menos.

Este colectivo, creado por periodistas, escritoras y activistas sociales, pidió a través de un comunicado políticas de prevención que eviten estos crímenes y exigió que el Estado “deje de ser cómplice y asuma un compromiso real”. En el documento, cuestionan el abordaje institucional hacia los agresores sexuales. “El mecanismo más utilizado por el servicio penitenciario es recluir a los agresores sexuales en los pabellones de la comunidad evangélica en la intuición de que una moral sexual encauzará sus conductas posteriores; otro es encerrarlos con quienes el servicio identifica como “homosexuales”. Esto parece ser todo lo que el servicio hace, ¿de qué manera el Estado los restituye a la sociedad? Ni más cárcel ni más penas ni más castigos son respuestas a nada. La violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal -una herramienta que comienza actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos”, señalaron las integrantes de Ni Una Menos.

El padre de Micaela, Néstor Yuyo García, agradeció las numerosas muestras de solidaridad, entre ellas una llamada del papa Francisco, y pidió transformar el dolor en un motor para el cambio social: “Hagamos posible el sueño de Micaela, de la sociedad, del país que ella quería, con Andrea (su esposa) trabajaremos el doble para continuar con su sueño, que yo sé cuál es el país que Micaela quería. Hay que esperar que la Justicia actúe como corresponde, y no que se haga justicia por mano propia como quieren un grupo selecto de personas, de ese tipo de justicia que Micaela aborrecía”.

Cortesía El País

DEJA UNA RESPUESTA